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El derecho a la educación en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El derecho a la educación en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Posted on July 15, 2019

Fotografía obtenida de Noticias UCR, disponible en https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/06/06/personas-con-discapacidad-apuestan-por-una-verdadera-representacion-politica.html

El derecho a la educación es la puerta de entrada para el ejercicio pleno de los demás derechos que respaldan a las personas. En el caso de las personas con discapacidad, la educación ha presentado una disyuntiva respecto a la inclusión de todos los tipos de discapacidad en el sistema educativo, pues esta población requiere una educación especializada. La Convención reconoce que la educación debe brindarse sin discriminación y en igualdad de oportunidades, para desarrollar el potencial humano, la dignidad, la autoestima, la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, logrando la participación efectiva en la sociedad (Palacios y Bariffi, 2007, p.121).

Los Estados Parte se comprometen a capacitar a las y los educadores de los centros de enseñanza para que tengan habilidades y logren la inclusión plena de las personas con discapacidad en sus aulas; considerando los apoyos técnicos requeridos de acuerdo con las necesidades del o la estudiante con discapacidad, por ejemplo, el manejo de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) o material en Braille (Palacios y Bariffi, 2007, p.122). Enfatizando en la concientización del personal docente, para que este brinde unas condiciones no discriminatorias; asimismo, facultándolo a utilizar las herramientas de accesibilidad que se derivan de los compromisos Estatales en documentos como el Tratado de Marrakech.

Así como señalan Palacios y Bariffi (2007, p.99),

La manera en que se aborde la educación será una cuestión fundamental, que tendrá repercusiones de enorme trascendencia en la vida de niñas y niños con discapacidad. Como es sabido, a diferencia del modelo rehabilitador, en donde se persigue que las personas, y especialmente las niñas y niños se normalicen a través de una educación especial, el modelo social aboga por una educación inclusiva. De hecho, la nueva visión de inclusión desafía la verdadera noción de normalidad en la educación —y en la sociedad— sosteniendo que la normalidad no existe, sino que es una construcción impuesta sobre una realidad donde solo existe la diferencia (Palacios y Bariffi, 2007, p.99).

En esta línea, Vlachou (en Palacios y Bariffi, 2007) cuestiona el uso del término de “necesidades especiales”, que considera que perpetúa las ideologías segregacionistas en necesidades especiales y ordinarias, generando divisiones a nivel educacional entre las y los estudiantes, afectando, muchas veces, su desempeño relacional con los demás. Por lo que se aboga más por una educación inclusiva, que no haga diferencias entre las y los estudiantes con y sin discapacidad. Dado esto, la Convención ha generado el compromiso de asegurar que a las personas ciegas, sordas o sordociegas se les imparta las lecciones en los lenguajes respectivos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social (Palacios y Bariffi, 2007, p.100).

El Artículo 24 de la Convención refuerza el compromiso de los Estados Parte con la enseñanza dirigida al desarrollo pleno del potencial humano, la dignidad, la autoestima, así como fortalecer el respeto por los derechos y libertades fundamentales y la diversidad del ser humano. La educación debe estar enfocada en desarrollar la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad; se debe impulsar su participación efectiva y asegurar que el sistema educativo sea inclusivo y no se vean excluidas las personas con discapacidad debido a  de su condición.

Es necesario garantizar el acceso a la educación primaria y secundaria, en igualdad de condiciones con las demás personas, tomando en cuenta los ajustes razonables en función de las necesidades de cada persona con discapacidad como apoyos personalizados para el desarrollo académico y social, orientado a la inclusión, promoviendo el aprendizaje de métodos de comunicación.

Asimismo, es compromiso de los Estados Parte velar por que las niñas y niños ciegos, sordos o sordociegos cuenten con una educación impartida de acuerdo con sus necesidades con el fin de alcanzar el máximo desarrollo académico y social; estableciendo medidas necesarias para que los maestros cuenten con la formación y el conocimiento suficiente para impartir la educación. Además, se requiere asegurar el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior y formación profesional.

La contextualización anterior permite conocer muchas de las necesidades e importancia que tiene este derecho respecto al desenvolvimiento de la vida de las personas con discapacidad. Por lo que, se considera pertinente su análisis en la Formulación de indicadores e índices sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El derecho a la educación, al ser considerado nuclear y fundamental para el desarrollo de las personas con discapacidad, engloba una cantidad significativa de indicadores. Reiterativamente, los indicadores estructurales determinan la existencia de documentos jurídicos que tutelan este derecho.  Los indicadores de proceso generan la información relativa a las acciones llevadas a cabo para garantizar el cumplimiento de este derecho en la población con discapacidad. Se incluyen datos relacionados a la accesibilidad física en los centros de enseñanza, así como la capacitación de los docentes en temas de discapacidad, proyectos orientados a que las personas con discapacidad accedan al sistema educativo, entre otros.

En los indicadores de resultado se conoce el porcentaje de centros educativos que cuentan con algún docente capacitado en temas de discapacidad, el porcentaje de personas con discapacidad matriculados en instituciones académicas de distintos niveles de enseñanza, el porcentaje de centros educativos que cumplen al 100% con la Ley 7600, entre otros datos. Estos son determinantes para definir el nivel de cumplimiento de este derecho.

En el siguiente cuadro se muestran las premisas planteadas alrededor del derecho a la educación:

Derecho a la educación

EstructuralesProcesoResultado
1 Convención Americana de Derechos Humanos
2 Convención de los Derechos de los Niños y Niñas
3 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
7 Declaración Universal de Derechos Humanos
8 Ley 2160 "Ley Fundamental de educación"
14 Ley 7600 Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
16 Ley 8283 "Ley para el financiamiento y desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con discapacidad matriculados en III y IV ciclos de la educación regular y de los servicios de III y IV ciclos de educación especial"
17 Ley 8661 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
18 Ley 8761 "Ley de estímulo estatal de pago de salarios del personal docente y administrativo de las instituciones privadas de enseñanza
21 Ley 9049 Ley de reconocimiento del lenguaje de señas costarricense (LESCO) como lengua materna
25 Normas uniformes para la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad
28 Código de la Niñez y la Adolescencia
29 Decreto Ejecutivo N°26831 Reglamento de la Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
34 Política Nacional en Discapacidad
D19.P1 Número de acciones comprometidas para el mejoramiento de la accesibilidad al entorno físico para las personas usuarias y funcionarias de los centros educativos
D19.P2 Existencia de un currículo inclusivo del sistema educativo (educación media y universitaria) en donde no se genere discriminación por alguna discapacidad
D19.P3 Total de denuncias interpuestas en el Ministerio de Educación por discriminación o malos tratos hacia personas con Discapacidad
D19.P4 Total de profesores capacitados y sensibilizados en materia de discapacidad
D19.P5Porcentaje de cumplimiento de acciones para el mejoramiento continuo de la Contratación de maestros calificados y formación de profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos en el MEP, Universidades públicas y privadas y el INA
D19.P6 Monto de inversión para mejorar el acceso a la educación inclusiva, por parte del Ministerio de Educación Pública dirigido a las personas con discapacidad
D19.P7 Porcentaje y proyectos del Ministerio de Educación Pública orientados a garantizar el acceso a la Educación de las Personas con Discapacidad
D19.P8 Porcentaje del presupuesto del Ministerio de Educación Pública destinado a la mejora de la infraestructura en materia de accesibilidad
D19.R1Porcentaje de personas con discapacidad que reciben en el centro educativo apoyos, según tipo de apoyo recibido.
D19.R2Porcentaje de Personas con Discapacidad que reciben servicios apoyo
D19.R3Porcentaje de escuelas y colegios con al menos un profesor o profesional como recurso de apoyo para facilitar el proceso de educación inclusiva a las personas con discapacidad
D19.R4Porcentaje de estudiantes con discapacidad matriculados en colegios técnicos
D19.R5Porcentaje de estudiantes con discapacidad matriculados en el INA
D19.R6Porcentaje de estudiantes con discapacidad matriculados en educación primaria
D19.R7Porcentaje de estudiantes con discapacidad matriculados en educación media.
D19.R8Porcentaje de estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades públicas.
D19.R9Porcentaje de profesores educación regular (primaria y secundaria) que han asistido a alguna capacitación relacionada con temas de derechos de personas con discapacidad
D19.R10Porcentaje del total de escuelas y colegios que cumplen con la ley 7600
D19.R11Porcentaje del total de maestros inscritos en el MEP calificados en temas de discapacidad
D19.R12Número o cantidad de profesionales capacitados en temas de discapacidad
D19.R13Porcentaje de estudiantes universitarios que solicitan servicios de apoyo.
D19.R14 Proporción de niños, niñas y adolescentes:
a) en los grados 2/3;
b) al final de la enseñanza primaria; y
c) al final de la enseñanza secundaria inferior, que han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas, desglosada por sexo
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