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El derecho a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes; el derecho a protección contra la explotación, la violencia y el abuso; y el derecho a la protección de la integridad personal en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El derecho a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes; el derecho a protección contra la explotación, la violencia y el abuso; y el derecho a la protección de la integridad personal en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Posted on June 4, 2019

Ilustración obtenida de http://www.easp.es/blogmsp/2018/10/19/una-nueva-forma-de-calificar-la-discapacidad/

Cuando se habla de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, considera que los elementos principales que caracterizan a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, es importante considerar la impotencia de la víctima y el propósito del acto, pues es útil para poder interpretar cuando se trata de alguno de estos actos, pues no existe, necesariamente un documento que haga explícitos casos donde es y donde no un acto de tortura o maltrato; sobre todo en los casos donde el Estado debe penalizar y existen consecuencias jurídicas. Aun así se pueden considerar 4 principios para calificar un acto como tortura o trato cruel: dolores o sufrimientos graves,  intención, propósito y participación del Estado.

En el caso de la población con discapacidad, una de sus luchas más amplias es la erradicación de la discriminación, pero esta viene acompañada, muchas veces,  de situaciones como el maltrato y la tortura; pues esto ha generado en la población, consecuencias graves en aspectos sociales. Sin embargo, con la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se instaura un modelo que convierte a la sociedad en el principal responsable de la exclusión y la subvaloración de las personas con discapacidad.

Con esto, iniciaron campañas de concientización y el Estado promovió acciones y programas en pro de su inclusión en igualdad de condiciones; reconociendo las capacidades, los méritos, las habilidades y las aportaciones de las personas con discapacidad. Asimismo, fortalecimiento la institucionalidad para enfrentar y combatir con eficacia la impunidad ante este tipo de casos a los que son sometidas las personas con discapacidad.

La lucha que se consigna “nada sobre nosotros, sin nosotros”, abrió espacios donde se hicieron visibles diversas formas de violencia y abuso contra las personas con discapacidad, tanto en instituciones públicas, como en el ámbito privado. Aun así, el reconocimiento de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, sigue siendo un mito en muchos espacios de la sociedad, provocando situaciones graves sobre la vida, libertad e independencia de las personas a pesar de su gravedad.

Por consiguiente, el reconocimiento dado por la Convención, posibilitó “la redefinición de las humillaciones, negligencia, violencia y abuso cometidos contra las personas con discapacidad, como lo que son, tortura y malos tratos” (Villaverde, s.f., p.9), permitiendo un mejor y mayor acceso a la justicia y a protección jurídica y compensaciones mayores por tratarse de las más graves violaciones de los derechos humanos.

Adicionalmente, se debe considerar que, las personas con discapacidad, habitualmente, se encuentren vulneradas ante este tipo de situaciones, principalmente, cuando están privados de su libertad en cárceles, clínicas u hospitales,  o bajo el control de un cuidador o curador. Lo anterior suele suceder por el grado de dependencia, en el que se encuentran, muchas veces, las personas con discapacidad. Por consiguiente, se hallan más expuestas y vulnerables de abusos, sobre todo casos ajenos a la persona.

En esta línea, el artículo 15 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados Parte se comprometen a implementar por vía legislativa, administrativa o judicial, medidas efectivas que aseguren que personas con discapacidad no serán sometidas a torturas, tratos crueles y experimentos científicos o médicos, sin su conocimiento previo.

Además, los Estados Parte de la Convención, se comprometen en el artículo 16, a adoptar las medidas pertinentes a fin de proteger a las personas con discapacidad en todos sus ámbitos contra cualquier tipo de explotación, violencia y abuso. Entre estas, tener en cuenta las asistencias adecuadas ante su género y edad y proporcionar información para prevenir, identificar y denunciar.

Asimismo, en caso de que ocurra una situación de violencia, la acción estatal debe corresponder con la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad; tomando en cuenta el género y la edad.

Es importante destacar que la legislación y las políticas públicas centradas en la mujer y en la infancia serán instrumentos para identificar e investigar los casos de violencia, explotación y abuso.

Y el artículo 17 señala que el respeto a la integridad física y mental de las personas con discapacidad debe ser en igualdad de condiciones con las demás personas.

La contextualización anterior permite conocer muchas de las necesidades e importancia que tiene este derecho respecto al desenvolvimiento de la vida de las personas con discapacidad. Por lo que, se considera pertinente su análisis en la Formulación de indicadores e índices sobre los derechos de las personas con discapacidad, (se recomienda ver las publicaciones del blog: “Derechos de las Personas con Discapacidad en Costa Rica” e “Indicadores sobre discapacidad: Impulsando el ejercicio efectivo de los derechos humanos”).

Para el derecho a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, como en la medición de los anteriores, los indicadores estructurales se concentran en determinar la existencia y fecha de entrada en vigor de instrumentos jurídicos. Los de proceso monitorean proyectos, porcentaje del presupuesto gubernamental y existencia de protocolos destinados a atender las personas con discapacidad que han sido sometidas a estos tratos. Por último, los indicadores de resultado determinan el número de personas con discapacidad víctimas por cada cien mil habitantes.

Derecho a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

EstructuralesProcesoResultado
1 Convención Americana de Derechos Humanos
3 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
7 Declaración Universal de Derechos Humanos
17 Ley 8661 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
D10.P1 Total de proyectos y porcentaje del presupuesto del Gobierno Central destinado a la erradicación de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que afectan a las personas con discapacidad
D10.P2 Existencia de un protocolo de atención en los servicios de salud para las personas con Discapacidad que han sufrido, tortura y otros tratos, o penas crueles, inhumanos o degradantes
D10.R1 Número de personas con discapacidad víctimas de la trata de personas por cada 100.000 habitantes, por sexo, grupo de edad y tipo de explotación

En cuanto al derecho a la protección contra la explotación, violencia y el abuso,  los indicadores de proceso se contempla la existencia de protocolos, reglamentos o similares emitidos desde el Gobierno Central que garanticen la no explotación, violencia y abuso de las personas con discapacidad. Asimismo, se incluye el total de proyectos planteados con enfoque inclusivo destinados a la erradicación de estas situaciones en contra de las personas con discapacidad. Posteriormente, en los indicadores de resultado se cuantifica el porcentaje de población con discapacidad que ha sido sometida a distintos tipos de violencia, así como el porcentaje de estas personas que se encuentran albergadas en centros de protección a víctimas. La relación entre los indicadores de proceso y de resultado para este derecho consiste en determinar si los esfuerzos del Estado en campañas contra situaciones de violencia se ven reflejados en el número de personas con discapacidad que han sido sometidas a estas realidades.

Derecho a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso

EstructuralesProcesoResultado
1 Convención Americana de Derechos Humanos
2 Convención de los Derechos de los Niños y Niñas
3 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
7 Declaración Universal de Derechos Humanos
17 Ley 8661 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
28 Código de la Niñez y la Adolescencia
31 Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Políticos y Culturales
D11.P1 Existencia de un protocolo, reglamento o directriz en las instituciones del Gobierno Central que garantice la no explotación, violencia y abuso contra las personas con discapacidad
D11.P2 Total de proyectos con enfoque inclusivo impulsados por los Ministerios, Municipalidades e Instituciones Autónomas, destinado a la erradicación de la explotación, de la violencia y abuso
D11.R1 Porcentaje de la población con discapacidad sometida a violencia física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses
D11.R2Porcentaje Personas con Discapacidad que han sufrido algún tipo de maltrato, violencia o abuso, albergadas en centros de protección de víctimas de violencia
D11.R3Porcentaje de Personas con Discapacidad que han sufrido algún tipo de explotación, violencia y abuso

Por último, en el caso particular del derecho a la protección de la integridad personal, los indicadores de proceso se enfocan en determinar la existencia de protocolos para la recepción de denuncias interpuestas por personas con discapacidad por situaciones que afecten su integridad (física o mental), en distintas instancias receptoras de denuncias. Los indicadores de resultado determinan el número de denuncias de este tipo y el tiempo de respuesta promedio de las instituciones para resolverlas.

Derecho a la protección de la integridad personal

EstructuralesProcesoResultado
1 Convención Americana de Derechos Humanos
2 Convención de los Derechos de los Niños y Niñas
3 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
7 Declaración Universal de Derechos Humanos
17 Ley 8661 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
31 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
D12.P1 Existencia de un protocolo en la Defensoría de los Habitantes para la recepción de denuncias interpuestas por personas con discapacidad por violación a sus derechos
D12.P2 Existencia de un protocolo en el OIJ y Circuitos Judiciales para la recepción de denuncias interpuestas por personas con discapacidad por casos que afecten su integridad física y mental
D12.R1 Número de denuncias recibidas en OIJ, Circuitos Judiciales relacionadas con casos que afectan la integridad mental de las personas con discapacidad
D12.R2 Total de denuncias recibidas en la Defensoría de los Habitantes interpuestas por personas con Discapacidad por violación a sus derechos
D12. R3 Tiempo de respuesta promedio a las denuncias interpuestas en OIJ, Circuitos Judiciales relacionadas con casos que afectan la integridad mental de las personas con discapacidad
D12.R4 Tiempo de respuesta promedio a las denuncias interpuestas por personas con discapacidad en la Defensoría de los Habitantes por violación a sus derechos

Fuentes consultadas

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2008). Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad. Ley N° 8661 del 29 de setiembre de 2008. Recuperado de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64038&nValor3=74042&strTipM=TC Villaverde, M. (Sin Fecha). La tortura invisible. Derechos de las personas con discapacidad. Recuperado de http://www.villaverde.com.ar/es/assets/investigacion/discapacidad/tortura-disca-msv-art15-cdpcd2.doc

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